La Resolución del Parlamento Europeo con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una directiva sobre una transición justa en el mundo laboral: garantía de la creación de empleo y revitalización de las economías locales.

1.El 20 de enero de 2026 el Parlamento Europeo aprobó una Resolución con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una directiva sobre una transición justa en el mundo laboral: garantía de la creación de empleo y revitalización de las economías locales.

Cierto es que esta Resolución une de nuevo las transiciones ecológica y digital, pese a sus divergencias y contradicciones, bajo el paraguas de la justicia social en los términos utilizados por la OIT. No obstante, y a efectos del análisis desde una perspectiva ecológica, en las siguientes páginas se pondrá el foco de análisis en la propiamente medioambiental.

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2.Parte el texto aprobado de reconocer el efecto profundamente transformador que este fenómeno implica en las economías, sociedades, regiones y lugares de trabajo; por lo que anuda al mismo medidas integrales de política social y de empleo para prevenir los efectos adversos, que reconoce que tiene, y promover la cohesión económica, social y territorial.

Incide en tres aspectos que vertebran las herramientas que considera el Parlamento ha de incorporar la futura Directiva: los resultados socioeconómicos asimétricos en los distintos Estados de la Unión Europea; la gestión de las transiciones ha de garantizar la inclusión social y la reducción de la pobreza y las desigualdades; y, complementario del anterior, ha de garantizar la creación de puestos de trabajo de calidad, la protección y la mejora de los derechos laborales, y el fomento de la democracia en el trabajo.

La Resolución repasa las iniciativas legislativas y no legislativas vinculadas a la transición justa, y advierte como aspecto clave que siguen existiendo lagunas en el marco legislativo y político en lo que respecta a las perturbaciones en el lugar de trabajo, los derechos de los trabajadores, la protección social, el diálogo social y las oportunidades de educación y formación. Aun cuando no olvida, a modo de contrapeso, el enfoque basado en la competitividad, innovación y crecimiento económico, de hecho menciona explícitamente el Informe Draghi en este sentido.

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3.Para alcanzar los ambiciosos objetivos planteados (e imprescindibles para el futuro de la Unión Europea), utiliza las herramientas defendidas desde la OIT, por un lado, la inversión (que es mencionada repetidamente a lo largo del documento) en materia de capacidades, formación y recualificación; por otro, la protección social configurada de modo amplio.

Como clave de bóveda, estos mecanismos, que cabe calificar ya como clásicos en el marco de la transición justa, aparecen complementados por condiciones de trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia de calidad, en el que desempeña un papel protagonista, para el primer colectivo, el convenio colectivo.

Subraya que el impacto de la descarbonización en el empleo va más allá de las reducciones en los sectores de los combustibles fósiles y tendrá un impacto más amplio en términos de redefinición del empleo y transición general del mercado laboral. Para gobernar esos cambios acoge con satisfacción el anuncio de una Ley de Empleo de Calidad con el objetivo de garantizar que las prácticas laborales sigan el ritmo de la evolución de la economía moderna; la próxima actualización del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y la nueva hoja de ruta para el empleo de calidad. En este sentido, los instrumentos mencionados han de prever medidas concretas que mejoren de manera tangible las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad, la democracia en el trabajo, la cobertura de la negociación colectiva y la formación y las capacidades de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, así como que velen por el cumplimiento efectivo de la legislación de la Unión en materia de empleo y política social.

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4.El éxito de la transición ecológica justa así diseñada radica en la anticipación y la gestión del cambio por parte de todos los actores implicados, en particular para prevenir de forma proactiva los despidos y conducir a la creación de empleo, sin olvidar cómo van a requerirse cambios sustanciales en la organización del trabajo que habrán de realizarse en el marco del diálogo social, la negociación colectiva y la participación de las personas trabajadoras en la empresa.

En esos planes de transición justa, propone desarrollar una estrategia multinivel por capas: los Estados miembros, con la participación de las regiones, han de apoyar a las empresas y a los trabajadores desarrollando estrategias de transición y políticas para llevar a cabo una transición justa a escala nacional adaptada a las especificidades locales; a su vez, esas estrategias nacionales deben determinar el impacto de las transiciones en las regiones, en los distintos sectores y en la mano de obra correspondiente y establecer un plan completo y transversal para mitigar el impacto; y han de regularse incentivos a las empresas para que establezcan sus propios planes de transición e impedir los cierres y los despidos forzosos mediante, pone como ejemplo, programas temporales de apoyo para proteger el empleo durante las transiciones e impedir la pérdida de capacidad industrial estratégica y de mano de obra cualificada. En fin, considera esencial mantener a los trabajadores en la misma región al tiempo que se les concede tiempo suficiente para la reconversión, limitando las pérdidas económicas personales; y pide una mayor protección contra los despidos improcedentes y que se garantice a los trabajadores afectados por las reestructuraciones el acceso a una compensación adecuada, oportunidades de reciclaje profesional y apoyo para lograr un nuevo empleo.

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5.Se aboga por la coordinación de las políticas dirigidas a la transición ecológica justa con los objetivos de inclusión, protección social y capacidades y que la imprescindible financiación de dicha transición promueva la negociación colectiva y el respeto de los derechos y normas laborales; y añade, como contrapunto, mejorar la competitividad.

Destaca la importancia de atender a los colectivos más vulnerables (aunque no reciben tal calificación en la Resolución analizada): personas con discapacidad, trabajadores jóvenes y de mayor edad y poco cualificados y trabajadoras mediante un enfoque interseccional (medidas estratégicas y adaptaciones en formación).

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6.Como elementos centrales de la futura Directiva (y de la normativa que ha de acompañarla) destacan, desde una enumeración subjetiva, los siguientes:

— Muestra una seria preocupación, a la que trata de atajar con llamadas al incremento de financiación, por las reestructuraciones empresariales que sitúen en una zona de riesgo o directamente en el despido a un número importante de trabajadores.

— Incide en el abordaje proactivo de la evolución de los riesgos laborales relacionados con las tareas, los patrones laborales y los lugares de trabajo, mencionando específicamente los riesgos medioambientales. Por tal motivo, pide a la Comisión una revisión del marco estratégico y del legislativo en esta materia.

— En relación con el apartado anterior, detalla los riesgos psicosociales derivados de las transiciones: estrés, incertidumbre, amenaza de pérdida de empleo y para combatirlos apuesta por la evaluación de riesgos y, como medida más novedosa, la incorporación de planes de apoyo a la salud mental que incluyan el asesoramiento, gestión del estrés y sistemas de conciliación de la vida familiar y la vida profesional en los planes de transición empresariales.

— Considera que las denominadas soft skills resultarán clave en las transiciones, por lo que propone ayudar a los trabajadores a mejorar capacidades como el pensamiento creativo y crítico, la capacidad de prospectiva, la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad, la motivación y el conocimiento de sí mismo, la curiosidad, el aprendizaje permanente, la capacidad de adaptarse a lugares de trabajo que han sufrido cambios, el desarrollo de la autoeficacia y la facultad de generar nuevas soluciones en el contexto de la transformación ecológica.

— Pide a los Estados miembros modernizar y reforzar sus sistemas de protección social y servicios públicos esenciales, entre los que menciona la sanidad, el transporte, la educación, las políticas de inclusión social, la ayuda a la vivienda y el apoyo a proveedores de servicios sociales sin ánimo de lucro, garantizando su sostenibilidad y, como cuadratura del círculo, sin que se incremente la carga financiera de las pymes.

— Destaca la importancia de elaborar políticas específicas para apoyar a las personas más vulnerables con el fin de evitar largos períodos de desempleo o trabajadores desmotivados. Y para lograrlo pide a los Estados que aumenten el apoyo al empleo activo de calidad, promuevan el “espíritu empresarial” y estimulen la creación de puestos de trabajo dignos mediante los programas de inserción profesional, la contratación pública selectiva y las obras públicas a nivel local.

— Desliza la necesidad de respaldar los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, aun cuando no ahonda ni en las bondades de la medida, sus posibilidades, ni en los cambios a realizar, por ejemplo, a nivel comunitario mediante la modificación de las Directivas en materia de tiempo de trabajo.

— Recuerda, por último, la importancia y trascendencia transversal de la negociación colectiva para garantizar salarios justos, justicia social y democracia en el trabajo. Pide a la Comisión que proporcione orientación y apoyo a los Estados miembros para reforzar los sistemas de negociación colectiva, en particular a escala sectorial; a la Unión y a los Estados respaldar la financiación para la capacitación de los interlocutores sociales en el marco de la negociación colectiva de las transiciones hacia la neutralidad climática. Y, en fin, en el caso de que la negociación colectiva tenga una cobertura inferior al 80%, recuerda a los Estados miembros que han de establecer planes nacionales de actuación con plazos claros y medidas específicas para aumentar dicha cobertura.

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7.La Resolución del Parlamento Europeo en relación con una futura Directiva sobre transición justa en el mundo laboral: garantía de la creación de empleo y revitalización de las economías locales presenta luces y sombras, si bien las luces ganan terreno a las posibles objeciones, al constituir, sin duda, un avance en la senda a seguir en pos de una transición verdaderamente justa e inclusiva.

De un lado, el intento de unir ambas transiciones en un mismo marco normativo, pese a los evidentes puntos en común en cuanto a repercusiones cuantitativas y cualitativas en el empleo, suponen ignorar o invisibilizar las distintas estrategias de aproximación requeridas para una y otra. De este modo, se proponen soluciones generales, abstractas y que no atienden a las peculiaridades de cada transición. A ello se une que muchas veces las medidas destinadas a propiciar la transición digital repercuten de forma negativa en los objetivos de la ecológica, y la consecuencia es que las fuerzas en sentido contrario hace que no se avance en ninguna de las dos.

Cierto es que el enfoque en ambas ha de ser holístico, y se han de valorar las consecuencias que en el ámbito medioambiental supone cualquier medida adoptada en el tecnológico, pero, se insiste, la respuesta no puede ser común ni omnicomprensiva.

Falta también una apuesta decidida por la unión virtuosa entre la protección medioambiental y laboral a través del concepto de empleos verdes (y justos). En la Resolución la construcción realizada parte de potenciar industrias sostenibles y trabajo de calidad, como mundos estancos y compartimentados, sin aunar esfuerzos en el objetivo común.

De otro, la Resolución del Parlamento incide especialmente en conceptos como el empleo de calidad y las respuestas proporcionadas desde la negociación colectiva y el diálogo social, en la línea con Dictámenes del CES europeo referidos a la transición ecológica. Utiliza las herramientas de formación, recualificación y protección social y pone el foco en los colectivos y territorios más vulnerables.

En fin, quizá la Resolución comentada contribuya a diseñar un futuro Estatuto de la Transición Justa que gobierne los cambios y las incertidumbres teniendo como objetivo principal la protección del planeta y de cuantos habitamos y trabajamos en él.

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Henar Álvarez Cuesta.
Universidad de León.