La Integración de los Derechos Ambientales en la Negociación Colectiva: Análisis Crítico del Marco Jurídico-Laboral Español en el Contexto de la Transición Justa. Un Estudio Comparado con Ecuador (2020-2024)
23 de enero de 2025
1.Tras nueve meses de negociaciones sobre el diálogo social y la transición ecológica en Francia, se concluyó en mayo de 2023 un acuerdo nacional interprofesional (ANI) [1]. Fue firmado por tres organizaciones patronales y tres sindicatos (de los cinco representativos)[2].
El objetivo de este artículo es presentar y comentar brevemente el contenido de este ANI[3].
Tras el ANI del 26 de noviembre de 2020 sobre el éxito de la implantación del teletrabajo (extendido por decreto del 2 de abril de 2021[4]), que ya ha tenido un impacto positivo en el medio ambiente al reducir los desplazamientos, se esperaba con impaciencia el ANI sobre la transición ecológica.
Sin embargo, en general ha sido bastante decepcionante, ya que no establece nuevas obligaciones, ni siquiera recomendaciones al legislador[5], pues se limita a reiterar las obligaciones legales, sugiriendo aquí y allá algunas pistas de mejora mediante una negociación colectiva al nivel adecuado. Según el dirigente de la CFDT, «(…), constatamos que ya existía una legislación importante para impulsar la transición en las empresas, pero que en la práctica no ocurría gran cosa. Así que no eran nuevas normas u obligaciones lo que necesitábamos. De ahí la idea de redactar este texto como un texto de estímulo, para volver a movilizar a los actores». Por otra parte, este enfoque bastante sorprendente y poco ambicioso motivó sin duda la decisión de la CGT de no firmar el ANI, sobre todo teniendo en cuenta que la ecologización del diálogo social ya estaba en marcha en Francia[6].
2.El preámbulo del acuerdo, de carácter bastante programático y sin verdadero alcance normativo, comienza con una lista exhaustiva de los retos de la transición ecológica antes de hacer hincapié en el papel asignado a las empresas. El objetivo es descarbonizar las unidades de producción y los productos y adaptarlos a los cambios económicos; anticipar el impacto de estos cambios en los empleos y las cualificaciones; hacer sostenibles determinadas actividades y desarrollar nuevos sectores; prever una reindustrialización con bajas emisiones de carbono y garantizar la soberanía energética.
El preámbulo reconoce inmediatamente que las empresas están obligadas a desempeñar un papel de primer orden en la lucha contra el cambio climático. La implicación de los trabajadores y de sus representantes en las acciones en favor de la transición ecológica es, por tanto, esencial para lograr una transición socialmente justa y un crecimiento responsable y sostenible. Según los autores de este acuerdo, el diálogo social contribuirá en gran medida a la anticipación, la apropiación, la aceptabilidad y la aceleración de la transición ecológica, en particular en lo que se refiere a los impactos económicos y sociales vinculados a la transformación de las actividades, los empleos y las cualificaciones. Ese es el sentido de este acuerdo: demuestra la firme voluntad de los agentes sociales de asumir la transición ecológica y hacer de ella un tema transversal del diálogo social a todos los niveles.
3. De hecho, los agentes sociales se han empeñado en definir explícitamente el objetivo de su acuerdo. Este consiste en facilitar y fomentar la apropiación de las «palancas legislativas» por parte de los agentes sociales de la empresa, teniendo en cuenta sus características específicas, su sector de actividad y su situación geográfica.
Desde un punto de vista formal, el ANI se divide en cinco capítulos. El primero, identifica las «palancas» susceptibles de favorecer un diálogo social informado sobre la transición ecológica; el segundo, trata de los medios de que dispone el Comité Económico y Social (CSE) para contribuir a la consecución de los objetivos de la transición ecológica; el tercero, se refiere a las medidas susceptibles de fomentar la negociación colectiva a nivel de empresa para abordar las cuestiones relativas a la transición ecológica; el cuarto, trata de otros niveles de negociación colectiva (local, regional, sectorial, de rama) que podrían a su vez contribuir a la transición ecológica, y el quinto, aborda la gestión de las cuestiones relativas a los empleos y las competencias.
En términos prácticos, cada capítulo se divide en «puntos de referencia»: puntos de referencia jurídicos, por un lado, y puntos de referencia prácticos, por otro. Los puntos de referencia jurídicos corresponden a las disposiciones legales, en particular las resultantes de la ley «Clima y resiliencia» del 22 de agosto de 2021[7]. En cuanto a los puntos de referencia prácticos, se refieren a las posibilidades de negociación colectiva. Por ejemplo, el ANI recuerda las competencias medioambientales del CSE y fomenta la introducción de representantes locales (2.1.10) e incluso la creación de comités facultativos (2.1.9) para promover los objetivos de la transición ecológica. En cuanto a la Base de Datos Económicos, Sociales y Medioambientales (BDESE), existen puntos de referencia prácticos como la inclusión del balance de emisiones de gases de efecto invernadero (en las empresas de más de 500 empleados); la declaración de resultados extrafinancieros; indicadores como la cantidad de agua utilizada; los KW consumidos o las toneladas de residuos producidas (2.1.5).
En cuanto a la negociación colectiva de empresa, se especifica que podría utilizarse para adaptar las condiciones de trabajo y la organización a las exigencias medioambientales, por ejemplo, en caso de picos de contaminación, de canícula o huracanes. Se sugieren temas de negociación como la actualización de los convenios colectivos sobre los horarios de trabajo, que podrían tener en cuenta las contingencias climáticas (flexibilizando los tiempos de pausa o los horarios de trabajo), o la negociación de un plan de movilidad que podría prever, entre otras cosas, el reembolso de las tarifas de transporte público superiores al 50% (el mínimo legal), subvenciones para la compra de bicicletas o coches eléctricos, y la creación de una plataforma de coche de uso compartido. En los puntos de referencia prácticos, la ANI anima a las empresas a negociar acuerdos de reparto de beneficios que incluyan criterios medioambientales, de conformidad con el artículo 15 de la ANI de 10 de febrero de 2023 sobre el reparto de valor dentro de la empresa[8].
4.De lo anterior se desprende que, a pesar de su carácter incitativo y de su falta de contenido estrictamente normativo, la ANI sobre el diálogo social y la transición ecológica no carece de interés. Por una parte, tiene el mérito de subrayar que la transición ecológica es competencia de los representantes de los trabajadores a todos los niveles; por otra parte, recuerda a estos últimos que disponen de numerosos medios para garantizar que la aplicación de la transición ecológica sea lo más justa y adecuada posible a los intereses de los trabajadores. La pelota está ahora en su tejado…
Barbara Palli.
Docente titular.
Universidad de Lorena, IFG, F-57000, Metz, Francia.
[*] https://web.lexisnexis.fr/LexisActu/ANI-transition.pdf
[1] Las negociaciones comenzaron en julio de 2022 pero no dieron lugar a un texto hasta abril de 2023. La apertura a la firma de este texto se ha prorrogado hasta el 25 de mayo de 2023.
[2] El texto fue firmado finalmente por la CFDT, la CGT-FO y la CFTC, cuya representatividad respectiva es: CFDT (31,01%); CGT-FO (17,64%) y CFTC (11%). Se trata, por tanto, de un acuerdo mayoritario, ya que fue firmado por los sindicatos con la mayoría de los votos (50%) emitidos para las organizaciones representativas, mientras que, según la ley, la firma por parte de los sindicatos con el 30% de los votos habría sido suficiente en cualquier caso. No lo firmaron ni la CGT (26,59%) ni la CGC-CFE (13,77%).
[3] Para un breve comentario sobre este ANI en francés, véase también : A. CASADO, Projet d’ANI relatif à la transition écologique et au dialogue social, JCP soc. 30 mayo 2023, n°21, act. 171.
[4] https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000043562007
[5] A diferencia, por ejemplo, de la ANI de 10 de febrero de 2023 sobre el reparto del valor dentro de la empresa.
[6] Véase A. BUGADA, Le verdissement du dialogue social, JCP entr. 15 avril 2021, n°15, p.1199.
[7] LEY nº 2021-1104 de 22 de agosto de 2021 para luchar contra el cambio climático y aumentar la resiliencia ante sus efectos. Para consultar el texto de la ley, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
[8] https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/20230213_ANIPartagedelavaleur-10022023.pdf
Artículo Original en Francés:
1.Après neuf mois de négociations portant sur le rôle du dialogue social dans la transition écologique, un accord national interprofessionnel (ANI) a été conclu en France, en mai 2023[2]. Il a été signé par trois organisations patronales et trois organisations syndicales (parmi les cinq représentatives)[3].
Le but de cet article et de présenter et de commenter succinctement le contenu de cet ANI[4].
Après l’ANI du 26 novembre 2020 sur la mise en œuvre réussie du télétravail (étendu par arrêté du 2 avril 2021[5]) ayant déjà un impact positif sur l’environnement, en réduisant les déplacements, l’ANI sur la transition écologique était très attendu.
Il a été toutefois, globalement, assez décevant en ce sens qu’il ne prévoit pas de nouvelles obligations ni même des recommandations au législateur[6] puisqu’il se limite à réitérer les obligations légales en suggérant ici et là quelques pistes d’amélioration au moyen d’une négociation collective adaptée. Selon la chef de file CFDT, « (…), nous avons fait le constat qu’il existait déjà une législation conséquente pour faire avancer la transition dans les entreprises, mais que dans les faits, il ne se passait pas grand-chose. Ce n’était donc pas de nouvelles normes ou obligations dont nous avions besoin. D’où l’idée de rédiger ce texte comme un texte d’impulsion, de remobilisation des acteurs ». En revanche, ce parti pris assez surprenant et globalement peu ambitieux, a sans doute motivé la décision de la CGT à ne pas signer l’ANI d’autant plus que le verdissement du dialogue social était déjà en marche en France[7].
2.Le préambule cet accord, de nature assez programmatique et sans réelle portée normative, dresse dans un premier temps une liste exhaustive des défis de la transition écologique avant de souligner le rôle assigné aux entreprises. Il s’agirait de décarboner les unités de production et les produits et de les adapter aux changements économiques ; d’anticiper l’impact de ces changements sur les emplois et les qualifications ; de pérenniser certaines activités et de développer des nouvelles filières ; d’envisager une réindustrialisation bas carbone et de garantir la souveraineté énergétique.
Le préambule reconnait aussitôt que les entreprises jouent forcément un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique. L’implication des salariés et de leurs représentants dans les actions menées en faveur de la transition écologique est dès lors indispensable afin de réussir une transition socialement juste et une croissance responsable et durable. Aussi, selon les auteurs de cet accord, le dialogue social contribuera grandement à l’anticipation, l’appropriation, l’acceptabilité et l’accélération de la transition écologique, notamment au regard des impacts économiques et sociaux liés à la transformation des activités, des emplois et des qualifications. C’est là tout l’intérêt de cet accord : il manifeste une volonté ferme des partenaires sociaux de s’emparer à leur tour de la transition écologique et d’en faire une thématique transversale du dialogue social à tous les niveaux où celui-ci s’engage.
3.En effet, les partenaires sociaux ont tenu de définir explicitement l’objectif de leur accord. Celui-ci consiste à faciliter et à encourager l’appropriation des « leviers législatifs » par les acteurs sociaux dans l’entreprise, en tenant compte de ses spécificités, de son secteur d’activité et de son implantation géographique.
D’un point de vue formel, l’ANI se compose de cinq chapitres. Le premier sert à l’identification des « leviers » susceptibles à encourager un dialogue social éclairé sur la transition écologique ; le deuxième porte sur les moyens à disposition du Comité social et économique (CSE) afin de contribuer à la réalisation d’objectifs de la transition écologique; le troisième porte sur les mesures susceptibles d’encourager la négociation collective d’entreprise afin qu’elle s’empare des thématiques relatives à la transition écologique ; le quatrième porte sur les autres niveaux de négociation collective (territoriale, régionale, de branche, sectorielle) qui pourraient contribuer à leur tour à la transition écologique, et le cinquième, sur la gestion des enjeux relatifs aux emplois et compétences.
Concrètement, chaque chapitre est divisé en « repères » : les repères juridiques, d’un côté, et pratiques, de l’autre. Les repères juridiques correspondent aux dispositions légales, notamment celles issue de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021[8]. Quant aux repères pratiques, ils renvoient aux possibilités de négociation collective. Ainsi par exemple, l’ANI rappelle les compétences environnementales du CSE et encourage la mise en place des représentants de proximité (2.1.10) voire la création des commissions facultatives (2.1.9) ayant pour objet la promotion des objectifs de la transition écologique. Au sujet de la Base des données, économiques sociales et environnementales (BDESE), on retrouve des repères pratiques tels que l’inclusion du bilan des émissions de gaz à effet de serre (dans les entreprises de plus de 500 salariés) ; la déclaration de performance extra-financière ; des indicateurs tels que la quantité d’eau utilisé ; les KWh consommés ou les tonnes des déchets produits (2.1.5).
Au sujet de la négociation collective d’entreprise, il est précisé qu’elle pourrait servir à l’adaptation des conditions et de l’organisation du travail en fonction des contraintes environnementales, par exemple en cas de pic de pollution, de canicule ou d’ouragan. Parmi les suggestions des thèmes de négociation, figurent entre autres, l’actualisation des accords collectifs sur le temps de travail qui pourraient ainsi intégrer la prise en compte des aléas climatiques (flexibilisation des temps de pause ou de travail) ou la négociation d’un plan de mobilité qui pourrait prévoir, entre autres, le remboursement des titres de transport collectifs au-delà de 50% (minimum légal); des aides à l’achet des vélos ou des voitures électriques et mettrait en place une plateforme de covoiturage. Dans les repères pratiques, l’ANI encourage les entreprises à négocier des accords d’intéressement en y intégrant des critères environnementaux conformément à l’article 15 de l’ANI du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise[9].
4.Il résulte de ce qui précède, que malgré le caractère incitatif et l’absence de contenu strictement normatif, l’ANI sur le dialogue social et la transition écologique n’est pas dénué d’intérêt. Il a le mérite d’une part, de souligner que la transition écologique relève de la compétence des représentants du personnel et ce à tous les niveaux ; d’autre part, il (l’ANI) rappelle à ceux derniers qu’ils disposent de nombreux moyens pour faire en sorte que la mise en œuvre de la transition écologique soit la plus juste et adaptée aux intérêts des travailleurs. La balle est désormais dans leur camp…
Barbara Palli.
Maître des conférences.
Université de Lorraine, IFG, F-57000, Metz, France.
[1] https://web.lexisnexis.fr/LexisActu/ANI-transition.pdf
[2] Les négociations ont démarré en juillet 2022 mais n’ont abouti à un texte qu’en avril 2023. L’ouverture de ce texte à la signature a été prolongée jusqu’au 25 mai 2023.
[3] Le texte a été finalement signé par la CFDT, la CGT-FO et la CFTC dont la représentativité respective est : CFDT (31,01%) ; CGT-FO (17,64%) et CFTC (11%). Il s’agit donc d’un accord majoritaire puisqu’il a été signé par des organisations syndicales ayant obtenu la majorité des voix (50%) exprimés au profit des organisations représentatives alors que selon la loi, la signature par des organisations syndicales ayant recueilli 30% des voix aurait de toutes façon suffit. Il n’a pas été signé par la CGT (26,59%) et la CGC-CFE (13,77%).
[4] Pour un bref commentaire de cet ANI en langue française voir également : A. CASADO, Projet d’ANI relatif à la transition écologique et au dialogue social, JCP soc. 30 mai 2023, n°21, act. 171.
[5] https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000043562007
[6] Contrairement par exemple à l’ANI du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
[7] Voir en ce sens, A. BUGADA, Le verdissement du dialogue social, JCP entr. 15 avril 2021, n°15, p.1199.
[8] LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Pour le texte de la loi, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
[9] https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/20230213_ANIPartagedelavaleur-10022023.pdf
21 de diciembre de 2024
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