El Comité Económico y Social Europeo (CESE) exige proteger el empleo para la sostenibilidad de las políticas de transición energética

1.Pese a que se escribe y se habla mucho, cada vez más, también en el plano institucional, por supuesto en el económico, de la necesidad de una política europea de transición energética hacia las renovables que, al tiempo, facilite un modelo sostenible socialmente, lo que se llama, en afortunada fórmula abreviada, transición socialmente justa,los datos dejan en evidencia quese están intensificando los efectos negativos de la emergencia climática. El problema se agrava por las crecientes incertidumbres y recurrentes crisis (“policrisis”) que derivan de nuevas realidades geopolítica, así como de un convulso mercado energético, que se comporta más como un tobogán que como un espacio económico bien regulado y estable, para satisfacer las necesidades de este servicio público esencial, condición determinante del desarrollo de un país. Ante este inquietante panorama, hay quienes piden que se ralenticen las políticas y las medidas de transición desde las fuentes de energías fósiles a las de energías renovables, para que sus impactos económicos y en el empleo sean menores. En cambio, otros grupos piden lo contrario, que se aceleren esas transiciones, justamente para aprovechar todo el gran potencial de creación de oportunidades de negocio y de empleo de esas nuevas energías renovables, potencialmente inagotables y más baratas, a medio y largo plazo.

En fechas recientes, ese conflicto se ha vivido con Alemania (que ya protagonizó un conflicto en este ámbito con Francia, cuando este país se empeñó en incluir en la “taxonomía” europea la energía nuclear como “verde”, rechazado por Alemania, que, a su vez, incluyó el gas) y su búsqueda de vías para retrasar el mayor tiempo posible la prohibición de vehículos con motores de combustión fósil y el tránsito al mercado de la automoción eléctrica. Para ello propone fomentar la investigación y la inversión en los llamados “combustibles sintéticos” (“e-fuels”). En fechas recientes, finalmente, la Comisión habría logrado que Alemania firme un acuerdo para poner fin a los vehículos de combustión, tras semanas de fricciones. El sentir mayoritario de la UE es acelerar drásticamente la transición hacia una energía limpia y a reforzar la independencia energética de Europa frente a proveedores poco fiables y combustibles fósiles volátiles. De ahí que valore positivamente los planes de la Comisión Europea dirigidos a tales fines [ej. REPowerEU y su financiación adicional a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)].

 Ahora bien, como se apuntaba y España acaba de vivir muy recientemente, esta aceleración no será “gratis” para el empleo. Recientemente conocíamos que el grupo multinacional de la automoción, Ford, ha acordado con la UGT un “ERE” (expediente de regulación de empleo) para 1.144 personas trabajadoras en la fábrica Almussafes, que prevé prejubilaciones a los 53 años y que trae causa del menor volumen de empleo que exige la automoción eléctrica. Es el primero, pero no será el último. Como tampoco será excepcional plantear un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) por causas análogas, como ya informábamos en este observatorio hace pocos días respecto del que propone la industria del biodiésel.

2.Consciente de estas oportunidades, pero también de estos riesgos, en escenarios tan fascinantes como inquietantes, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) acaba de aprobar un Dictamen de iniciativa propia, intitulado “Política energética y mercado laboral: consecuencias para el empleo en las regiones en transición energética”, 22 de febrero de 2023 (SOC/718). En él se considera necesario prestar especial atención a las políticas de mercado de trabajo inclusivo para las regiones en transición energética más acelerada, en las que se constatan vínculos más estrechos entre el desarrollo del sector de la energía y la protección del empleo y de sus condiciones de prestación digna (según el estándar de trabajo decente), demandando medidas concretas para que la transición sea realmente justa, en términos de garantía de renta y de empleabilidad.

En este sentido, el CESE apela a la evidencia de estudios solventes, según la cual, el éxito de una transición verde en general, y energética en particular, podría hacer que se incrementen el PIB (ciertos estudios estiman este incremento en un 5,6 % para 2050), así como los niveles de empleo (la OIT y la IRENA estiman que se multiplicarán por cuatro los empleos creados respecto de los que se perderán) y la calidad del empleo, dada la mayor cualificación que se precisa. El CESE también toma nota de un dato esencial, ahora que vuelve el debate de la “deslocalización del empleo”, a propósito del culebrón de “Ferrovial” y el traslado de su sede a Países Bajos, en contra de la voluntad política del Gobierno de España, como es el de que el empleo “creado en energías renovables es, por lo general, más difícil de deslocalizar, por lo que beneficiará a numerosas regiones, en especial aquellas con un mayor riesgo de despoblación. También se deben atender los efectos positivos para la salud de los entornos de trabajo” (Conclusión 1.3).

No obstante, el alto organismo consultivo de la UE no puede dejar de expresar su “gran preocupación por los graves efectos negativos, económicos, ocupacionales y sociales que, a corto y medio plazo, está generando la transición energética, agravados por la crisis actual de la guerra de Ucrania y la situación económica (inflación elevada)”. Como los datos han puesto de relieve, algo más atenuado en España tras la llamada “excepción ibérica energética”, el aumento de los precios de la energía ha afectado a los hogares más vulnerables (incremento de la “pobreza energética”), así como a muchas empresas de toda la UE, cuyos altos costes energéticos han obligado al cierre de empresas, también de pequeños negocios de personas autónomas, según un estudio de la EUROFOUND, que menciona el Dictamen. En efecto, las altas facturas energéticas elevan los costes de las empresas y repercuten en sus niveles de producción y empleo, viéndose obligadas estas a planes de reestructuración.

3. ¿Qué hacer, entonces? El CESE no solo advierte oportunidades y constata los problemas de la transición energética -incuestionable en sí-, propone respuestas de carácter practicable y equilibradas. Una vez acreditado que la política energética y sus cambios son importantes para la adaptación y el equilibrio de los agentes del mercado laboral, las personas trabajadoras y las empleadoras, es necesario la estabilización de los mercados energéticos se complementen con una mayor integración, en los marcos normativos y en las políticas ambientales y energéticas, de las políticas del mercado de trabajo (incentivos al empleo de calidad sostenibles como valor añadido de la transición energética; fondos para repartir los costes de los procesos de reestructuración, temporal o definitiva; programas de recualificación profesional para mejorar la empleabilidad en una economía descarbonizada, etc.), así como de las políticas de bienestar social (garantías de acceso universal a los servicios de energía, facilitación de acceso a rentas de sustitución e ingresos mínimos adecuados, etc.).

Ni la Ley de Cambio Climático (Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética) ni tampoco, más recientemente, la Ley de Empleo (Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo) se han mostrado suficientemente coherentes con este enfoque de transición energética laboral y socialmente justas. No obstante, nuestro país no es ajeno a esta cuestión y proporciona un interesante estudio de caso en el sector de la minería del carbón asturleonés. Este caso (en el Dictamen del CESE aparece un Anexo con varios estudios de casos en las que llama regiones de transición energética justa] pone de manifiesto la ambivalencia (sus oportunidades, pero también sus límites) de las políticas y procesos para impulsar una transición energética social y laboralmente justa en España, pero también en el resto de la Unión Europea. Esperemos que, en los años venideros, las leyes y las políticas, españolas y europeas, sean más coherentes con este enfoque de condicionalidad sociolaboral de las políticas de transiciones energéticas y, en general, de transición hacia un modelo de economía y trabajo sostenibles para la mayor parte de la población posible.

Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén.