El agua, bien escaso: ¿Cómo y cuándo hacemos la debida transición hídrica justa en el potente sector agroalimentario español?

1. El 22 de marzo se “celebrará” el Día Internacional del Agua. Casi cualquier cuestión, seria o no, tiene su Día mundial y es difícil saber cuándo y porqué se celebran o conmemoran. Pero no parece necesitar justificación alguna que el agua, derecho humano, pero dependiente de un bien vital y socioeconómico muy escaso, cada vez más, merezca atención mundial. En algunas zonas del planeta, por varias y diferenciadas razones, esa inquietud por el agua es, o debe ser, mucho mayor. La pertinaz sequía, sumada a un reparto desigual, sin criterios socialmente justos, así como a su sobreexplotación agraria, del preciado “recurso natural productivo”, amenaza gravemente su subsistencia, desde luego su desarrollo.

Por eso, si el problema no se resuelve, o no se afronta de forma debida, se desencadenarán graves conflictos sociales y económicos, al contrario, como la ONU evidencia en el lema elegido para este año (“agua para la paz”), puede generar paz social y desarrollo. De ahí el acierto del enfoque dado al informe insignia de la ONU sobre el agua y el saneamiento que presentará este 2024: “Leveraging Water for Peace and Prosperity” (Aprovechar el agua para la paz y la prosperidad). Pudiera parecer que se trata de una cuestión relevante para los países del Tercer Mundo, una amenaza de los países subdesarrollados o en desarrollo, con un prevalente enfoque de derechos humanos para la gestión de los recursos hídricos escasos. Pero no es así, nos afecta mucho más de cerca.

Ni la Unión Europea en general, ni España en particular están al margen de esta situación tan desafiante como amenazante para nuestro modelo de desarrollo y progreso, especialmente en la cuenca mediterránea, donde, además, como sería el caso español, el sector agroalimentario es especialmente potente, económica y socialmente. Pero el problema en nuestro tiempo del agua, esto es, de su escasez reviste especiales dificultades, entre otras cosas porque se vincula estrechamente a una emergencia mucho mayor como es la del cambio climático Antropoceno, esto es, aquel en que la acción industrial extractiva humana tiene una especial prevalencia. Paradójicamente, a mayor constatación de esta crisis climática hídrica en España, y especialmente en regiones como Andalucía (el agua embalsada está por debajo del 20 por ciento y considerando la caída de la producción del sector agrario en 2023 en torno al 13%, cabría estimar un impacto negativo sobre el PIB andaluz, de -2.1%), mayor es la superficie de regadío en los últimos años (el caso de Doñana, afortunadamente corregido, a lo que parece, lo ilustra bien). Por tanto, vivimos un tiempo de grave “estrés hídrico” (más demanda, menos disposición)

2. Pero lo peor está por llegar. El gravísimo problema, del que no hay suficiente consciencia social, y tampoco institucional, está en sus inicios. Las olas de calor y sus sequías intensas y recurrentes en varias “regiones” de la UE, podría costar tasas elevadísimas de su PIB, análogo al impacto de la pandemia, pero, además, en este caso con más persistencia. Solo en España costaría en torno a 4,6 billones de euros hasta 2050. Un montante que equivale al 8,3% del PIB per cápita y, junto a los 10 billones de Italia, representarán el 45% de las pérdidas hipotéticas de 32,7 billones de € para el conjunto de la UE (agencias de calificación europea dixit).

La necesidad, pues, de promover una acción política comunitaria, no solo española, además de autonómica, de “transición social justa” parece evidente. Sin embargo, sorprendentemente, en ningún instrumento, ni de planificación, ni menos normativo (los continuos Planes Hidrológicos y los Decretos crecientes de sequía, estatales y autonómicos), se hace la mínima mención a ello. Todo el proceso hacia una transición ecológica socialmente justa (la que garantice sostenibilidad con un nivel de empleo y de protección social decentes) está volcado con la energía, con el tránsito desde las fuentes fósiles a las renovables, identificándose infinidad de éstas (sol, viento, hidrógeno, fusión nuclear, etc.). De la mayoría de ellas se predica su carácter “limpio, seguro e inagotable”, a veces incluso “barata”. De este modo, se hacen leyes, se diseñan planes estratégicos, se ponen a disposición centenares de miles de millones de €, se incentiva nuevas “comunicades energéticas”, etc.

3. Nada de este enfoque de transición social justa frente al impacto de la crisis climática en la emergencia hídrica existe, allí donde más se necesitaría, porque no hay una fuente alternativa al agua. La innovación tecnológica permitirá su eficiencia máxima. La hidroponía puede permitir una agricultura futura sin tierra, pero no sin agua (ni sol). A tal fin, desde el Proyecto de Investigación financiado por la Agencia Estatal de Investigación, titulado “hacia un nuevo ecosistema jurídico para una transición verde socioeconómicamente justa” (Referencia: PID2022-142620OB-I00), proponemos diferentes iniciativas para que la UE cree “zonas de inversión preferente ecológicas” y los Gobiernos estatales, así como los autonómicos, promueva “Convenios de Transición Hídrica Justa” (CTHJ), a fin de atender a las necesidades diferenciales territoriales, no solo a las personas y colectivos hídricamente más vulnerables, especialmente en el ámbito agrario (no se afronta aquí exigencias del ciclo del agua en el ámbito urbano, pese a su interés).

Estos últimos hoy solo está previstos para las transiciones energéticas. Pero, por lo que aquí se evidencia, debería proyectarse también, y con urgencia, respecto del agua y asumirse como una preferencia por el propio Instituto para la Transición Justa y los acuerdos tripartitos (AAPP, sujetos socioeconómicos y sociedad civil) que promueve. Ante algunas de las medidas que, sin duda, aún impopulares, habrá que tomar, no solo relativas a la prohibición de nuevas zonas de regadío y de reparto más solidario del agua escasa, incluyendo la reducción de zonas de regadío actuales, el imperativo de “no dejar a nadie atrás” (que recordaba la primera Mesa ministerial de Alto Nivel para la Transición Justa creada en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático -COP28-), es necesario atender adecuadamente su faceta ocupacional y social. La transición hídrica sólo tiene sentido y será sostenible sí, a la dimensión ambiental, se le suma la dimensión de protección de las personas y de creación de nuevas oportunidades de empleo (y autoempleo)

Así se propone en la Mesa Social del Agua de Andalucía, que el día 10 de enero desarrolló una Jornada Técnica sobre “reparto social del agua para una transición hídrica justa”.  Tendrá continuidad en sendas jornadas, los días 21 y 22 de marzo próximos, en la Universidad de Jaén (el sector del olivar es un claro ejemplo del desastre que puede suponer no afrontar esta transición hídrica justa). Con motivo del Día Internacional del Agua, el referido Proyecto PID2022-142620OB-I00 y la Cátedra Universitaria COAG-CREA de Derecho Agroalimentario y del Dominio Público promoverá el debate entre especialistas e instituciones para diseñar e impulsar una hoja de ruta hacia esas zonas comunitarias de transición hídrica socialmente justa.

No es éste el único sector afectado, pero sí el que en mayor medida sufre y sufrirá las consecuencias de la escasez de agua.

Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén.