Protección social universal para la acción climática y una transición (ecológica y social) justa
15 de octubre de 2024
1.Muy recientemente ha sido publicado el Informe Mundial de la OIT sobre la protección social 2024-2026, cuyo título -y propósito-, por claro y representativo, se ha tomado (con algunas adaptaciones) como rúbrica de este breve comentario. Se trata de un importante documento que, en esta ocasión, se centra en los vínculos existentes entre protección social y el cambio climático y la transición ecológica, exponiéndolos de manera muy directa y clara. El informe analiza las causas del problema, la situación actual y las expectativas de futuro, y, asimismo, aporta soluciones. La conclusión a la que llega es sencilla de entender, aunque -como todo lo que se enfrenta a variadas y cambiantes voluntades políticas- no así de implantar: para hacer frente al cambio climático y llevar a cabo la necesaria transición ecológica justa es imprescindible diseñar políticas de protección social de alcance universal e invertir en ellas. Este informe, además de su valor en sí mismo, se enmarca en el seguimiento del desarrollo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
2.Su punto de partida es el dato, en principio positivo, de que en estos momentos se ha alcanzado el mayor porcentaje de población mundial cubierta por algún tipo de protección social. Con todo, desde otro prisma, ello supone que todavía hay 3.800 millones de personas que carecen de cualquier tipo de protección. Esta realidad, negativa en sí misma, todavía se torna más preocupante a tenor de la función que ha de cumplir la protección social ante los retos crecientes que plantea el cambio climático, que ya son tangibles e irán en aumento. En este sentido, entre los muchos y graves peligros que éste entraña, se encuentra el de incrementar la desigualdad y la injusticia social. Es por ello que, según reclama este informe, resulta urgente la adopción de medidas para una transición justa, que solo será posible con el apoyo de sistemas de protección social adecuados.
El informe incide en cinco ideas básicas que están interrelacionadas entre sí, a saber:
3.Desde 2014 (fecha del informe previo) se han producido progresos en materia de protección social, pero éstos no están llegando a todas las personas, siendo especialmente mayor la carencia precisamente en relación a quienes más los necesitan. Así, por una parte, los países con mayores índices de ingresos se acercan a la protección universal (85,9%), los que alcanzan ingresos medios (71,2%) y medios en zona baja (32,4%) están avanzando hacia mayor cobertura, mientras que los países de ingresos más bajos parecen estar estancados (9,7%). Estos últimos, con mucha frecuencia, son los más afectados por el cambio climático, lo que implica que quien más riesgo afronta es justo quien menos protegido está. En este sentido, en los 20 países más vulnerables a la crisis climática a penas el 8,7% de la población tiene protección social. Además, la brecha de genero persiste, alcanzando un 11,1%. Otro colectivo en situación vulnerable que con demasiada frecuencia carece de protección social son los niños y las niñas, 1.800 millones carecen de protección, siendo las disparidades en el gasto por hijo a cargo enormes entre países de ingreso alto (1%) y bajo (0,2%). Resulta muy significativo, a estos efectos, que la crisis climática se describa como una forma de violencia estructural contra los niños y las niñas, pues no sólo pone en peligro su bienestar, sino también sus expectativas vitales; es por ello que resulta imprescindible incrementar el gasto público para aumentar la protección de la infancia. Por otra parte, la protección social de las personas en edad de trabajar prevista para las distintas situaciones de necesidad, también presenta enormes disparidades. Aunque el informe destaca numerosas diferencias en este ámbito, es de destacar las que afectan a las personas con discapacidad, que supone que 146 millones de personas con discapacidad severa carecen de cualquier protección. Las personas de edad avanzada también presentan importantes déficits de protección, pues más de 165 millones de las personas que superan la edad legal de jubilación carece de pensión. En este sentido, como indica el informe, debe incidirse en que la crisis climática es una amenaza para la sostenibilidad financiera y la adecuación del régimen de pensiones.
Muy relevante, y por ello con un tratamiento diferenciado en este documento, es la protección social de la salud, no sólo por su función esencial, sino también porque la crisis climática genera numerosos riesgos adicionales a los preexistentes. Es de destacar que solo el 60,1 % de la población mundial está efectivamente protegida por un mecanismo de protección de la salud, lo que, desde el prisma opuesto, significa que 3.300 millones de personas carecen de éste. La situación es todavía más grave en el contexto de la actual crisis climática, que afecta directamente a la salud de las personas, incrementa las desigualdades socioeconómicas e impide la equidad en materia de salud. En suma, como indica el informe, la salud no puede ser un privilegio de unos pocos.
4.Es evidente que el tiempo pasa y la implantación de las acciones necesarias se está resistiendo, o no se produce con la rapidez que sería precisa. Con ello se están dejando pasar importantes oportunidades que incidirían en objetivos esenciales, puesto que el objetivo de salvar el planeta puede dar un impulso a las políticas de protección social, dado que son fines no sólo convergentes, sino interdependientes.
5.La parte final del documento identifica cinco prioridades/conclusiones que redundan en tal objetivo de mejorar la protección social para hacer frente al cambio climático y hacer que la transición ecológica sea, efectivamente, justa. Esto son:
En fin, como conclusión a este breve examen quiere destacarse que la protección social universal debe ser una prioridad, que además se ha intensificado desde el prisma de la acción frente al cambio climático y para una transición justa. Es un “dos por uno” puesto que aúna dos de los retos mayúsculos que actualmente afronta la sociedad, por lo que se trata de una oportunidad que los Gobiernos no pueden dejar pasar.
Margarita Miñarro Yanini.
IP de Laborclima.
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social acreditada como Catedrática.
Universitat Jaume I
15 de octubre de 2024