¿Qué ecosistema jurídico promueve un desarrollo socioambiental sostenible?: estado de la situación y propuestas de mejora

El cambio climático antrópico (el provocado principalmente por el modelo eco­nómico y de vida extractivo que se impuso a partir de la primera Revolución Industrial) parece haber entrado de lleno en la «agenda política española». Y no lo ha hecho funda­mentalmente por convicción, sino por una trágica necesidad. En su base está la última gran tragedia, absolutamente previsible y evitable (no, no ha sido solo una fuerza mayor de la naturaleza), derivada de la sucesión de olas de calor (la mecha), en un contexto de inundaciones 6 meses antes (el combustible), que, a su vez, está en la base del trá­gico incendio de Los Gallardos (Almería), con su dolorosa huella humana (13 personas muertas, centenares damnificadas -materialmente, sí, pero sobre todo en su estado emocional y psicosocial) y su gran huella climática (7.000 hectáreas quemadas). Se vuelve a proponer (no es la primera vez) un «pacto nacional sobre la emergencia climática».

Pero no es solo un problema de multiplicación de la superficie quemada y de riesgos para la integridad, la vida y la salud derivada de ello, el problema es más amplio y afecta a toda Europa. En el verano más cálido desde que se tienen registros toda Europa lucha contra la sucesión de olas que dejan miles de muertos. Una vez más, datos y relatos científicos confirman que el planeta Tierra (el único que tenemos para vivir) tiene graves problemas de salud y que repercuten en la pérdida de salud humana (entendida como bienestar integral -físico, psíquico y social).

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